El Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dispone a aprobar una orden por la que la Agencia Tributaria permitirá a los contribuyentes -ya sean particulares o empresas- solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deuda de hasta 30.000 euros sin tener para ello que presentar avales o garantías adicionales. Hasta ahora, ese límite se situaba en los 18.000 euros, por lo que el cambio es de una importancia sustancial.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que un plazo de prescripición «demasiado breve» en materia de fraude grave del IVA es contrario al Derecho comunitario.

La sentencia sostiene que la medida dificulta «la imposición efectiva y disuasoria de las sanciones», por lo que los jueces deben dejar, si es preciso, sin aplicación el régimen de prescripción global controvertido.

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La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado en una consulta vinculante qué gastos se puede deducir un abogado que desarrolla su actividad profesional en un despacho situado en su vivienda habitual.
Según explica, los desembolsos deben quedar justificados con la correspondiente factura y registrados debidamente en los libros-registro.

El abogado podrá deducirse los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como el IBI, tasa de basuras, amortizaciones o comunidad de propietarios, proporcionalmente a la parte de la vivienda que utilice como despacho profesional. Y si no fuese dueño, sino arrendatario de la vivienda, podría deducirse el coste proporcional de la renta satisfecha.

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Antonio es un jubilado de Jerez de la Frontera que tiene 73 años y que trabajó durante 40 en Francia como carpintero y ebanista, hasta que volvió a España en 2002. Por ello, cobra una pensión de 1.295 euros al mes a cargo del Estado galo. Hasta 2012 no la declaraba a Hacienda. Según relata, fue entonces cuando le llegó una carta del Fisco que le recomendaba declarar estos rendimientos. Al informarse sobre su situación fiscal se encontró con que la Agencia Tributaria le exigía 30.000 euros por las cuotas del Impuesto sobre la Renta de los últimos años y la sanción correspondiente.
Como esta, unas 650.000 cartas han salido del departamento dirigido por Cristóbal Montoro hacia emigrantes españoles o extranjeros residentes en nuestro país en las que les instaba a declarar su pensión del exterior para hacer frente a la cuota de IRPF correspondiente, conintereses del 5% y sanción incluida de un 20%. El Fisco contempla los últimos cuatro ejercicios no prescritos.
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Cuando faltan pocas semanas para la finalización de la campaña de la renta, es probable que muchos contribuyentes hayan recibido los datos fiscales o borradores del IRPF con omisiones o, incluso, con algún error. ¿Puede Hacienda imponer sanciones si un contribuyente tributa menos de lo que le corresponde por confirmar un borrador incompleto o por guiarse por unos datos fiscales con carencias? La práctica de la Administración tributaria indica que sí.

El Ministerio de Hacienda insiste en que el borrador o los datos fiscales suponen una mera ayuda para el contribuyente, que tiene el deber de verificar todos los datos y la responsabilidad de que su declaración del IRPF sea completa. Cuando Hacienda detecta alguna omisión o error que va en contra de sus intereses remite una liquidación al contribuyente, es decir, le entrega una declaración alternativa que incluye el importe que ha dejado de tributar y los correspondientes intereses de demora. Además –y aquí está el punto polémico– ello se suele acompañar con una sanción. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, indica que el 80 o 90% de las liquidaciones de Hacienda incorporan una sanción.

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