Antonio es un jubilado de Jerez de la Frontera que tiene 73 años y que trabajó durante 40 en Francia como carpintero y ebanista, hasta que volvió a España en 2002. Por ello, cobra una pensión de 1.295 euros al mes a cargo del Estado galo. Hasta 2012 no la declaraba a Hacienda. Según relata, fue entonces cuando le llegó una carta del Fisco que le recomendaba declarar estos rendimientos. Al informarse sobre su situación fiscal se encontró con que la Agencia Tributaria le exigía 30.000 euros por las cuotas del Impuesto sobre la Renta de los últimos años y la sanción correspondiente.

Como esta, unas 650.000 cartas han salido del departamento dirigido por Cristóbal Montoro hacia emigrantes españoles o extranjeros residentes en nuestro país en las que les instaba a declarar su pensión del exterior para hacer frente a la cuota de IRPF correspondiente, conintereses del 5% y sanción incluida de un 20%. El Fisco contempla los últimos cuatro ejercicios no prescritos.

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