Las trabajadoras en excedencia por cuidado de hijos que den a luz durante el primer año tienen derecho a cobrar la prestación por maternidad. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniegan estas solicitudes al considerar que las trabajadoras no están dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Dos recientes sentencias del Tribunal Superiores de Justicia (TSJ) del Principado de Asturias (accede aquí al texto de la sentencia) y del TSJ de Madrid (pincha aquí para leer el texto) corrigen al organismo gestor, condenándole al abono de la correspondiente prestación en estos supuestos. Los tribunales son rotundos al afirmar que durante el primer año de excedencia todas las trabajadoras se encuentran en una situación asimilada al alta y que, por tanto, cumplen con el requisito para el cobro de la prestación pese a trabajar como autónomas.

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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha sugerido hoy que el Ejecutivo va a renunciar a las medidas estrella de su departamento en materia de pensiones: volver a vincular su revalorización con el IPC en la ley y derogar definitivamente el factor de sostenibilidad aprobado en 2013.

El Ejecutivo ya renunció a estas dos medidas en la propuesta de Real Decreto en materia de Seguridad Social que entregó el viernes a los agentes sociales. Si bien debía de confirmar hoy a los sindicatos si renunciaban a ello o no. La respuesta de Valerio ante la pregunta de si existiría esa renuncia ha sido clara “como Gobierno lo tenemos que valorar” […] “ pero no hay voluntad del Gobierno hacer una reforma unilateral”.

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La Audiencia Nacional determina que el tratamiento del permiso de paternidad y maternidad tiene que ser igual dentro de la empresa. En su sentencia (consulta aquí el texto) anula la normativa interna de una entidad bancaria que equipara a efectos retributivos una baja parental con una de incapacidad temporal, constituyendo así discriminación por razón de sexo.

En concreto, el fallo obliga al banco, que se aferraba a que existen diferencias entre maternidad y paternidad que legitiman la diversidad de trato, a incluir en el sistema de retribución variable a quienes disfrutan de dicho permiso en base al cumplimiento obtenido según el sistema ordinario de retribución, proporcional al tiempo trabajado y ajustando los objetivos. Es decir, que la lucha contra la discriminación entre hombre y mujeres también implica que durante la paternidad no se cobre menos.

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El Tribunal Supremo, en sentencia 31/2019, de 17 de enero (Rec. 2000/2017), aclara cómo se deben confeccionar las nóminas de los trabajadores, y dispone que el contenido de la nómina debe ser transparente, – de fácil comprobación de los conceptos pagados-, y que el cálculo e importe de cada uno estos conceptos, pueda realizarse con el número mínimo de operaciones matemáticas, y sin necesidad de acudir al registro de datos que, aunque el trabajador conozca, no le sean comunicados por la empresa.

En el caso sometido a casación, el contenido del modelo de nóminas que utiliza la empresa no es tan clarificador como esta pretende porque en la forma en que está realizada, obliga al trabajador a controlar el número de días de trabajo y el de horas trabajadas, así como a realizar unas operaciones matemáticas más o menos complejas para comprobar que la empresa le paga lo correcto, lo que se opone al principio de transparencia con el que debe actuarse en la relación laboral y que debe inspirar la redacción del contrato y de los demás documentos que del mismo se derivan, entre ellos la nómina.

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El Gobierno no cesa en su empeño de intentar conseguir el respaldo de patronal y sindicatos para derogar in extremis la reforma de las pensiones que el Ejecutivo del Partido Popular hizo unilateralmente en 2013. Igualmente, distintos responsables del Ejecutivo han asegurado que negociarán hasta el último momento para arrancar el máximo consenso posible para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

De hecho, los responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocaron este viernes a los responsables sindicales y empresariales para intentar cerrar un pacto que permitiera al Gobierno llevar un real decreto de Seguridad Social al último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes, que se celebrará el 1 de marzo. Para después intentar convalidar dicho decreto en el último pleno del Congreso de la semana siguiente.

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