El año pasado, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, más de 3,5 millones de trabajadores vieron suspendido su empleo, o reducidos su jornada y salario, como afectados por un Expediente de regulación temporal del empleo (ERTE), pasando a cobrar una prestación de desempleo abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La incorporación de este segundo pagador obliga ahora a muchos de ellos a presentar la declaración de la Renta del ejercicio 2020, proceso en el que el colectivo de menores rentas se verá penalizado, en todas las regiones, con el pago de más impuestos que el resto de asalariados con nóminas similares pero ajenos a un ERTE.
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