La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (INSST), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha intensificado la lucha para detectar fraude en los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con una campaña inspectora que incide en la «protección y uso responsable de los recursos públicos«.

La pasada semana, cuando se prolongaron los ERTE hasta el 30 de septiembre gracias al acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cifró en más de 11.000 millones de euros el gasto que los ERTE supondrán para la Seguridad Social entre finales de marzo y el 30 de septiembre. La cifra podría ampliarse en el caso de que estos mecanismos se prolonguen hasta fin de año, una ampliación que pide la patronal y que el Ejecutivo estudiará en función de la evolución del empleo durante el tercer trimestre del año.

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