Los empresarios han activado la maquinaria para tumbar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados. Los contactos con los distintos grupos políticos ya se han iniciado y el objetivo último es convencerles de que voten en contra para que la medida no salga adelante. No obstante, fuentes de la CEOE admiten que el resultado de la negociación parlamentaria es en estos momentos una incógnita y que el Gobierno podría ganarse el voto decisivo de Junts a cambio de cesiones en otras materias, por lo que los esfuerzos se centran ahora en «amortiguar el daño» intentando, al menos, arrancar algunas flexibilizaciones sobre varios aspectos del texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

Más allá del recorte de la jornada legal sin merma salarial, a la patronal hay un tema que le preocupa aún más, si cabe, del acuerdo que acaba de validar el Consejo de Ministros y que aterrizará en cuestión de semanas en el Parlamento. Se trata del endurecimiento del registro horario, que el Ejecutivo quiere hacer obligatoriamente digital e interoperable por la Inspección de Trabajo. Es decir, que las empresas ya no puedan apuntar la jornada de sus trabajadores a papel y boli y que pasen a contar con un registro de horas digitalizado al que puedan tener acceso los inspectores en tiempo real de forma remota. Su incumplimiento, según está establecido en el anteproyecto de Ley, se multará con una sanción por cada trabajador -y no por empresa, como hasta ahora- que en su grado máximo podrá alcanzar los 10.000 euros.

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