Se las prometía como una de las medidas estrella de esta legislatura, pero su puesta en práctica está siendo mucho más compleja de lo que inicialmente creían tanto los beneficiados (los pequeños empresarios) como los precursores (el Gobierno). Aunque estaba previsto que el pasado 1 de enero echara a andar el Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC) del Impuesto de Valor Añadido (IVA), el Ejecutivo ha prorrogado hasta el 31 de marzo el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse a este sistema.

La intención era buena: permitir a las pymes que no tengan que liquidar ante Hacienda el IVA de las facturas emitidas hasta que no hayan cobrado efectivamente ese importe por parte de sus clientes. Así se evita que el empresario anticipe a la Agencia Tributaria un IVA que aún no ha cobrado. Sin embargo, la trasposición de la directiva europea que ha realizado el Gobierno está provocando la falta de adhesión al régimen, a pesar de que muchos empresarios demandaban esta posibilidad desde hace muchos ejercicios. Tal y como está configurado, el IVA de caja «conviene a las pymes que se mueven con sus proveedores en entornos similares», explica Marta González, directora del Servicio de Estudios de Aedaf. «Pero cuando hay muchas diferencias de tamaño entre el emisor y el receptor de la factura, una de las dos partes tiene mucho más que perder», sentencia González.

Leer la noticia completa – Click aquí