Llueve sobre mojado en España en lo que a las cotizaciones sociales respecta. Las últimas subidas de los impuestos sobre el trabajo, coladas por el Gobierno aprovechando el cierre de año, sólo vienen a profundizar la posición que el país ya se ha ganado como uno de los miembros de toda la Unión Europea (UE) que más exige a sus empresarios en términos de contribución a la Seguridad Social. De hecho, los datos más recientes de la Comisión (publicados en 2013) muestran cómo la economía española es la cuarta, de entre las grandes de la Unión, en cuanto a la cuantía de sus cotizaciones sociales.

El pago de estas obligaciones por parte de los empresarios supone en nuestro país el 8,5% del PIB, un registro que sólo superan Finlandia (con el 8,9), Italia (9,2) y la líder indiscutible a la hora de gravar con decisión el trabajo: Francia, con el 11,5% de su producción total.