El Tribunal de Justicia de la UE ha publicado una sentencia por la que declara contraria al Derecho de la Unión la normativa tributaria española que obliga a los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero.

En 2017, la Comisión Europea emitió un dictamen en el que señaló que las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta obligación recogida en las leyes de IRPF, Sociedades, Renta de No Residentes y Patrimonio son «desproporcionadas» a la vista de los objetivos perseguidos por ese marco normativo, que son garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

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