A partir de ahora, el Catastro determinará el valor de mercado de los pisos para usarlo como referencia en la valoración catastral, en un momento de fuerte alza de precios.
La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el «valor de mercado» de la vivienda para usarlo como referencia en la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local.

Esto es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Esta valoración se hace para cumplir con lo exigido por parte del artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley de Catastro. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.

Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que «la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga».

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