El 15 de enero de 2015 entró en vigor la obligación para todas las administraciones públicas de aceptar las facturas electrónicas. Tras un inicio titubeante, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el proceso de implantación de este plan ha sido un éxito. De hecho, aseguran que la factura electrónica ha supuesto en la relación entre los proveedores y el sector público «el mayor cambio desde la época de los romanos». ¿Una exageración? Argumentan que se trata de un proceso que va más allá de la tecnología y que supone «un cambio de funcionamiento de un país».

Hasta ahora el proceso en el sector público era el siguiente: un departamento de la administración realizaba una compra a un proveedor, que le remitía una factura que se enviaba a la unidad financiera y, de allí, a la oficina contable. Un proceso que permitía que la deuda comercial se pudiera esconder en los cajones. Para ello bastaba que quien realizaba la compra no trasladara la factura al órgano correspondiente. Ahora, todo gira alrededor del llamado registro contable. Este órgano recibe todas las facturas y las remite al área correspondiente. Además, cada factura que llega al punto de acceso queda registrado y es posible seguir su rastro. Por lo tanto, asegura Hacienda, hoy es imposible esconder facturas en los cajones.

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