El Tribunal Supremo acaba de poner fin a años de controversia al fijar que la venta de oro y otros metales preciosos por parte de un particular a un empresario o profesional del sector debe estar sujeta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad onerosa. 

Así lo ha establecido en la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal al valorar la sujeción al Impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de las transacciones que los ciudadanos realizan al entrar en los abundantes establecimientos, multiplicados al calor de la crisis, abiertos bajo el consabido rótulo de «Compro Oro».

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