La planificación financiera es vital para la liquidez y supervivencia de las empresas. La agenda de las compañías está fuertemente condicionada por los impuestos a los que tiene que hacer frente. El más presente en su día a día es el IVA, un impuesto que obliga a las entidades a mantener un continuo flujo de activos e información con la Agencia Tributaria. Cualquier modificación en el régimen de aplicación del impuesto obliga a una adaptación, y puede motivar decisiones estratégicas de las entidades. Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Cinco Días, abre la puerta a una oleada de reclamaciones de miles de autónomos y empresas (sociedades y grupos) por los daños y perjuicios causados por el Estado, que creó unas expectativas que ahora se ven frustradas tras el fallo.

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