Las exigencias de Bruselas para recibir los fondos europeos incluyen una que motivó, hace un año, una de las polémicas más virulentas en el seno del Gobierno de coalición: la necesidad de aumentar el número de años de la carrera profesional de los trabajadores que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión. Lo dice el Operational Agreement, el documento, hecho público este miércoles, que acaban de firmar Gobierno y Comisión Europea y en el que se fijan los hitos que hay que alcanzar para cumplir con las reformas e inversiones comprometidas a cambio de los 70.000 millones de euros de subvenciones para la economía española.

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