Se trata de dos planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial, con especial atención en grandes empresas del sector servicios, hostelería, comercio y la educación.
Ambos están recogidos en el Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, que previsiblemente aprobará el próximo Consejo de Ministros y que incluye 75 medidas a desarrollar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer frente al deterioro de las condiciones laborales en la salida de la crisis, según consta en el borrador del plan.
El documento señala también las reformas legales necesarias para atacar «la raíz del problema» desde el diálogo social y político, entre las que destaca el endurecimiento de las sanciones de orden social para que el empresario que contrate en fraude de ley sea penalizado por cada uno de los trabajadores afectados y no por el total.
El plan subraya que en la actualidad la mayoría de las veces ni siquiera se pone una sanción y solo se procede a la conversión de los contratos temporales en indefinidos, lo que desincentiva que se hagan contratos fijos desde un principio para cubrir las necesidades permanentes de las empresas.
Lograr un efecto disuasorio entre aquellos que promueven el fraude y las situaciones de explotación laboral es uno de los objetivos de los planes de choque que pretenden ponerse en marcha con carácter inmediato y que tendrán una primera fase de rastreo informático a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude.
Esta es la herramienta con la que cuenta la Inspección para cruzar datos de diferentes administraciones y detectar infracciones a través de la creación de ciertos perfiles de fraude.
Las empresas con posibles situaciones de fraude serán instadas a revisar su situación en el plazo de un mes, advirtiéndoles de actuaciones inspectoras de comprobación en el caso de no regularización.
Además se establecerán campañas extraordinarias autonómicas acordes a las peculiaridades de cada territorio, en línea con los refuerzos que ya se realizan en Baleares en julio y agosto, y en Canarias en octubre y noviembre. En el sector de la educación, Trabajo se propone erradicar la contratación temporal fraudulenta de profesores durante el curso escolar a los que se extingue el contrato en los periodos no lectivos.
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