Llegó en 2011 con el propósito de mejorar las condiciones laborales del servicio doméstico y paradójicamente parece que está provocando el efecto contrario. El Real Decreto aprobado por el Gobierno de Zapatero, que reconoce el derecho a un contrato escrito y obliga a las personas empleadoras a cotizar por sus empleadas del hogar desde la primera hora trabajada, no está obteniendo la acogida esperada.

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