La presión por cumplir con los objetivos de estabilidad en un contexto de fuerte aumento del gasto público decanta de nuevo al Gobierno por elevar los impuestos al empleo y, por tanto, los costes a las empresas en un momento de fuerte desaceleración de la actividad y de caída de ventas. Un escenario agravado por las mayores trabas administrativas generadas por el registro horario y las amenazas de hacer más rígido el marco de relaciones laborales que diseñó la reforma laboral de 2012.

A la espera de contar con un Presupuesto que le habilite para aplicar una subida fiscal múltiple que, de nuevo volverá a presionar a la clase empresarial, el Ejecutivo opta por la vía con fuerte capacidad recaudatoria: las bases máximas de cotización social. Esto supondrá un nuevo obstáculo para la actividad, pero más recursos para hacer frente a los 18.000 millones de déficit que tiene la caja de las pensiones, el principal impedimento para que España cumpla el objetivo de déficit.

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