Lo que en un principio parecía una modificación con fines informativos en el diseño de las prestaciones por desempleo ha derivado en una subida fiscal para buena parte de los parados y en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno de coalición. El pasado mayo, el Ejecutivo aprobó un real decreto —incubado en el Ministerio de Trabajo— que tenía el objetivo de reformar las prestaciones por el subsidio de desempleo. El problema es que el texto obliga a los solicitantes y beneficiarios de estas ayudas a presentar anualmente la declaración de la renta (IRPF), algo que antes no era necesario por no llegar al límite que marca la ley y que ahora, en algunos casos, implicará que las capas más bajas tengan que tributar por primera vez por esta figura.

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