En agosto pasado, 34 trabajadores de la empresa IMESAPI, del grupo ACS, vieron como de la noche a la mañana la dirección les rebajó el sueldo de los 3.000 euros brutos que cobraban de media al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 645,3 euros, una caída del 75%. Los trabajadores denunciaron a la empresa y el caso está previsto que se vea mañana en el Juzgado Social 16 de Barcelona.

La clave de la cuestión es que la empresa, que se dedica al mantenimiento de cabinas telefónicas, dio el convenio colectivo por caducado, pese a una cláusula que preservaba la vigencia más allá del periodo de caducidad, hasta que no hubiera acuerdo de renovación.

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha fallado a favor de un trabajador al que se reclamaba que devolviera la prestación por paro cobrada durante los meses en los que tenía derecho a percibir salarios de tramitación, a pesar de que nunca llegó a cobrar dichas remuneraciones.

Los salarios de tramitación son aquellos que deben abonarse al empleado sin trabajo por despido improcedente o nulo entre el momento de la extinción del contrato y el momento en el que se reconoce que ha sido injustificado.

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El Tribunal Supremo ha decretado que la patronal de la pyme catalana es un interlocutor válido para negociar, básicamente, convenios colectivos. Una decisión que pone punto y final en la pugna empresarial que se ha vivido en Catalunya entre Pimec y Foment del Treball, adscrita a CEOE, para decidir quién puede sentarse o no con CCOO y UGT en el Acuerdo Interprofesional de Catalunya.

Los empresarios y los sindicatos tienen la resolución en sus manos desde hace un mes, asegura el presidente de Pimec, Josep González. La patronal no ha hecho pública su existencia como muestra de respeto hacia los demás afectados. Pero ha cambiado de opinión tras la declaración este mismo lunes del líder de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, de que “propondría” a los representantes de los trabajadores que en la renovación de la mesa de diálogo se incorpore a Pimec.

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El segundo aniversario de la reforma laboral ha venido cargado de polémica. A la cifra del paro del mes de enero -que dejó como balance la destrucción de 184.000 nuevos puestos de trabajo, planteando nuevamente dudas sobre la utilidad real de la norma- se le suma ahora el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el contenido de la norma, que declara la constitucionalidad de tres puntos clave.

El Alto Tribunal, a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social 34 de Madrid, se pronuncia sobre varios extremos: el régimen transitorio aplicable a la reducción de los días de indemnización por despido, los retoques en materia de salarios de tramitación -que dejan de pagarse cuando el empresario opte por no readmitir al trabajador-, y el uso de la vía del Real Decreto-ley para aprobar la norma. Todas estas previsiones se ajustarían, según el auto, a la Carta Magna.

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El número de extranjeros que trabajan en España se ha reducido un 23% en seis años, al pasar de casi dos millones en diciembre de 2007 a 1.525.702 en igual mes de 2013, según un informe de Randstad, en el que se destaca que en términos absolutos se han perdido más de 450.000 trabajadores extranjeros en este periodo.

Según este informe, uno de cada tres trabajadores varones de nacionalidad extranjera ha abandonado el mercado laboral desde 2007. Las trabajadoras inmigrantes se adaptaron mejor a la crisis y descendieron un 8,3%.

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