El objetivo de la futura regulación es, por un lado, simplificar el proceso de solicitud para las compañías y, por otro, agilizar el reconocimiento y el abono de las primas, según un comunicado del Ministerio de Empleo.

Para facilitar la doble meta, el documento contempla eximir a la empresa de recabar la documentación que ya obre en poder de la Administración, lo que supone una importante reducción de cargas administrativas. En paralelo, aboga por fijar un plazo cerrado para emitir la primera resolución del expediente.

El procedimiento para optar a estos incentivos es también novedoso, pues se tendrá en cuenta que el centro tenga unos índices de siniestralidad inferiores a los que se establezcan anualmente, ganando en objetividad.