A grandes problemas, grandes soluciones. El establecimiento del primer Estado de Alarma en marzo de 2020 dejó a todo el país bajo llave en sus casas y, lo peor, sin certeza de cuánto tiempo duraría una situación nunca antes vista. Desde el Ministerio de Justicia contactaron entonces con el Consejo General del Notariado con un encargo sin precedentes: “había que encontrar la fórmula para que las pólizas ICO destinadas a financiar a las pequeñas y medianas empresas se activasen sin que el representante de la persona jurídica tuviese que desplazarse a la notaría”.

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