La propuesta del modelo 721 publicada el martes por el Ministerio de Hacienda, y que obligará a presentar una declaración informativa a los titulares, beneficiarios, autorizados y apoderados que operen con criptomonedas en el extranjero, suscita dudas de calado entre los expertos. El documento, que se encuentra en audiencia pública, establece que los afectados tendrán que realizar la declaración con carácter anual entre el 1 de enero y el 31 de marzo del ejercicio siguiente a aquel al que se refiera la información. A su vez, delimita la localización de estos activos, entendiendo que están en el extranjero cuando intermedia una empresa prestadora de servicios de custodia situada fuera de España. todo correcto hasta ahí. A la hora de exigir determinados datos, sin embargo, los expertos resaltan la falta de conocimiento sobre este sector de quienes han redactado el texto.

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