El Consejo de Ministros impulsó hace tres semanas el anteproyecto de ley con el que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas y cambiar el modelo de registro horario que está en vigor desde el año 2019. El objetivo es que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto a estas anotaciones, pero también conseguir un registro real del tiempo de trabajo por lo que el acuerdo firmado con los sindicatos incluye la obligación de anotar las pausas. La normativa actual solo forzaba a dar cuenta del inicio y el fin de la jornada, por lo que la mayoría de empresas tendrán que decidir como califican cada interrupción y adaptar los sistemas de registro.

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