La reforma hipotecaria que ultima el Gobierno va cogiendo forma. El Ejecutivo maneja desde hace semanas un borrador del proyecto, al que ha tenido acceso este diario, que ha comenzado a negociar con el resto de fuerzas políticas.

El objetivo es adaptar a la normativa europea la legislación española sobre los créditos concedidos para la compra de vivienda a la vez que se refuerza la protección al consumidor en el terreno hipotecario para tratar de evitar la creciente judicialización de estos préstamos. Un modelo más garantista para el cliente y más exigente con las entidades financieras del que además de los particulares se beneficiarán los trabajadores autónomos.

Así lo establece el preámbulo del anteproyecto que avanza que “la protección que otorga la Ley alcanza a todas las personas físicas”. De esta forma, aunque la directiva europea que el Gobierno busca trasponer, con más de un año de retraso y ante las presiones de Bruselas, centra su ámbito de actuación en “los consumidores, entendiéndose por tales las personas físicas que no actúan en el ámbito de su actividad profesional o empresarial”, el texto plantea “ampliar el ámbito de protección a colectivos como los trabajadores autónomos”.

La columna vertebral de la reforma hipotecaria la componen una serie de “normas de transparencia y de conducta orientadas, en particular, a la concesión responsable de financiación que afecte a inmuebles, así como a favorecer la progresiva implantación de un mercado de crédito fiable, con reglas homogéneas en el espacio europeo y con un mayor grado de confianza de los clientes en las entidades prestamistas”, reza el anteproyecto.

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