La privacidad de la información sobre clientes y empleados es un factor que las empresas han de cuidar para asegurar la confianza y evitar ataques informáticos que puedan secuestrar o filtrar esa información. Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018, la necesidad de mantener la privacidad se convertirá en una obligación y cualquier infracción podría ser multada con hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual del negocio.

Pero la realidad revela que estas sanciones no son suficientes para promover la adaptación, ya que un 70% de compañías europeas asegura que no logrará cumplir a tiempo con la normativa, según un informe de la entidad especializada en almacenamiento y procesamiento de datos NetApp Iberia.

Esta normativa también se aplica a la pequeña y mediana empresa que, ante el nuevo cambio de paradigma, se ha de adecuar con cierta rapidez a las nuevas exigencias. Entre ellas, destacan la obligación de informar sobre posibles infracciones o ataques y el nombramiento de un delegado de protección de datos en aquellas compañías que manejen datos sensibles o bases de información periódicas.

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