La exención del pago de IRPF en las prestaciones de maternidad y paternidad arroja ya una factura de 1.675 millones de euros para las arcas públicas, entre la cuantía devuelta correspondiente a los últimos años, la que se ha dejado de cobrar del ejercicio 2018 y la pérdida de las retenciones de este año, según los últimos datos manejados por la Agencia Tributaria. El monto supone un 70% de toda la desviación de ingresos públicos de 2019 debida a cambios normativos que afectan al impuesto de la renta y un 41% del impacto total generado por las modificaciones regulatorias del conjunto de tributos.

El origen de esta factura está en la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre que decretó que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. El fallo suponía que el tributo debía dejar de aplicarse a estas ayudas públicas y abría la puerta a que sus beneficiarias recuperaran lo pagado de más en los últimos cuatro años.

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