Mientras las recomendaciones de la comisión parlamentaria del pacto de Toledo permanecen encalladas en la discusión sobre la polémica revalorización de las pensiones, el Gobierno comienza a mostrar sus cartas sobre cómo afrontar el elevado déficit que arrastra la Seguridad Social. Así defienden la necesidad de comenzar a aligerar la factura que deben afrontar las arcas que se nutren de las cotizaciones, derivándolas a los presupuestos del Estado. Las partidas susceptibles de ser pagadas vía impuestos pueden llegar a los 20.000 millones de euros, detallan fuentes del Ministerio de Empleo.
Se trata de “avanzar” de esta forma en lo que los expertos denominan separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Un proceso que el pacto de Toledo aprobó a mediados de los noventa y que culminó en el 2013 con la financiación total de los complementos a mínimos mediante transferencias del Estado –que pasaron a representar en ese momento el 12% de los recursos, según cálculos de la Seguridad Social–. De llevarse a cabo el plan del Gobierno, se iniciaría una nueva etapa que afectaría total o parcialmente a nuevas partidas.
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