Recientemente, la denominada ley de Segunda Oportunidad ha vuelto a ser noticia porque, el pasado 2 de julio, una sentencia del Tribunal Supremo vino -en palabras de María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE)- «a enmendar» dicha ley, «permitiendo a autónomos y autónomas en quiebra una condonación de hasta el 70 por ciento de la deuda contraída con Hacienda y la Seguridad Social».

Según datos del pasado mes de mayo, solo 9.000 personas se han acogido desde su entrada en vigor en julio del año 2015 a esta norma pensada para la exoneración de deudas a pymes y particulares. Esta cifra -ofrecida por el Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE)- dista notablemente del número de personas que han hecho uso de normas similares en Francia o Alemania, superando las 100.000.

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