El Tribunal Supremo se dispone a zanjar un largo pulso entre los consejeros empresariales y el fisco. Sus magistrados han aceptado pronunciarse para aclarar definitivamente si la exención del IRPF sobre las rentas obtenidas en el extranjero que recoge la legislación tributaria española es aplicable a los miembros de consejos y a los administradores empresariales o es una ventaja fiscal solo destinada a trabajadores asalariados. De momento, la Agencia Tributaria viene negándose a aplicarles esta exención tributaria, mientras que los altos cargos han logrado ya una importante victoria en este terreno en la Audiencia Nacional. El alto tribunal español tendrá ahora la última palabra.

El elemento en cuestión es la aplicación del artículo 7 p) de la Ley 35/2006 de IRPF, que prevé la exención de los rendimientos del trabajo percibidos por residentes en España a cambio de tareas laborales efectivamente realizadas en el extranjero. Para gozar de esta ventaja fiscal se requiere que esos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España, o para un establecimiento permanente radicado en el extranjero y, a la vez, que el territorio en el que se llevan a cabo estas tareas aplique un impuesto análogo al IRPF.

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