El Gobierno aprobó ayer el decreto que va a permitir anticipar la edad de jubilación en actividades especialmente peligrosas. Una solución pactada con la patronal y los sindicatos para facilitar el acceso a la pensión a quienes desempeñan trabajos en condiciones laborales excepcionalmente duras que, no obstante, tiene letra pequeña. Y es que serán los propios trabajadores y las empresas en las que se ocupan los que financien el sobrecoste que la medida va a suponer para las arcas de la Seguridad Social.
El procedimiento se dirige a colectivos de trabajadores cuya actividad sea de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, y que, además, presenten elevados índices de morbilidad, siniestralidad o mortalidad, o en los que los requerimientos psicofísicos del puesto resulten inviables a partir de determinadas edades.
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