El Gobierno está apretando las tuercas a las empresas que cuentan con planes de pensiones de empleo para sus trabajadores con una interpretación particular de la cascada normativa aprobada en los últimos años con el objetivo de dar cabida a los nuevos planes simplificados y al fondo de promoción pública con los que el Ejecutivo esperaba dar un empujón a los exiguos niveles de ahorros privados para la jubilación vehiculado a través de las empresas.

Las bases para poner en marcha esos nuevos planes de empleo y el vehículo financiero de promoción se han articulado en dos textos legales, la ley 12/2022 para el impulso de los planes de pensiones de empleo y el Real Decreto 668/2023 que modificó el reglamento de planes y fondos de pensiones. En la ley se modificó el artículo que vela por el cumplimiento del principio de no discriminación, y se impone el derecho a adherirse al plan de pensiones de la empresa con un mes de antigüedad, frente a los dos años que preveía la legislación anterior.

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