El registro de jornada, creado para atajar las horas extra no pagadas y el absentismo, cumple dos años con algunas dificultades de aplicación en las empresas de menor tamaño y en mitad de una pandemia que ha extendido el teletrabajo.

La ley que aprobó el registro dejaba abierta la forma de aplicación para que fueran las propias empresas las que la negociaran con los representantes de sus trabajadores, algo que es prácticamente imposible en aquellas de menor tamaño que no tienen presencia sindical.

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