La modificación del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo por la reforma laboral con el fin de limitar la denominada «ultraactividad» de los convenios colectivos, ha venido -y continuará- siendo materia de confrontación entre trabajadores, sindicatos y empresas. Muchas de estas controversias, derivadas de una regulación confusa o cuanto menos abierta, han terminado siendo dilucidadas por el Tribunal Supremo en sentencias aparentemente contradictorias y no exentas de debate jurídico.

Así, la primera cuestión que se planteó a nivel doctrinal era qué pasaba si, en ausencia de pacto, transcurría el año de ultraactividad sin acuerdo para la renovación del convenio y sin que existiera un convenio colectivo de ámbito superior. ¿Se aplicaba entonces la normativa del Estatuto de los Trabajadores con carácter de mínimos – con las consecuencias que ello conllevaba de minoración de los derechos de los trabajadores – o, por el contrario, se mantenían sine die las condiciones del convenio colectivo expirado en virtud de una «contractualización» de dichas condiciones?

La cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de diciembre de 2014 en la que, no sin polémica y con diversos votos particulares, se adoptó la teoría de la «contractualización» en virtud de la cual las condiciones establecidas por el convenio colectivo se contractualizan desde el nacimiento mismo de la relación laboral («esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo (el primer minuto, podríamos decir) en que se creó la relación jurídico-laboral«) y, por tanto, aunque el convenio haya expirado y perdido vigencia y no sea aplicable ni siquiera en régimen de ultraactividad, las condiciones establecidas en dicho convenio carente de efecto siguen rigiendo las relaciones laborales de los trabajadores como parte de sus condiciones contractuales.

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