El Gobierno dio quince días de consulta pública y no ha sido suficiente. El Ministerio de Hacienda ultima un texto que no sea rechazado por patronal, sindicatos y expertos y uno de los pocos puntos en común sería el de poner un tope a la tributación de la indemnización por despido de 180.000 euros.
La postura supondría emular la fiscalidad que tienen ahora los sistemas forales del País Vasco y Navarra. En concreto, a diferencia de la regulación estatal, en estos territorios solo tributan a Hacienda las indemnizaciones que superen este montante. «Por ahí van los tiros», confirmaron a elEconomista fuentes de los agentes sociales presentes en la última reunión mantenida entre sindicatos, patronal y el Ministerio de Cristóbal Montoro.

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