A finales de diciembre, el Ejecutivo aprobó sin previo aviso un decreto que obligaba a las empresas a cotizar por la retribución en especie que pagaban a sus trabajadores, que hasta ese momento habían estado exentas de pago. Eso suponía que a partir del 22 de diciembre deberían tributar por los cheques de comida, los de guardería, los seguros médicos o planes de pensiones privados, entre otros. Una medida inesperada que soliviantó a las empresas, que cuantificaron en un punto de cotización a la Seguridad Social o 3.600 millones de euros el impacto de esa medida. Una merma que se unió a las sucesivas subidas de impuestos, como la del IVA, o la supresión de beneficios fiscales, como en Sociedades.

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