La improcedencia del despido declarada por el tribunal, y la imposibilidad de la readmisión, se convertían en elementos clave para la indemnización. Situación que llevaba al Juzgado de lo Social a admitir íntegramente la demanda, y condenar con casi 35.000 euros a la empresa responsable del despido.

Pablo (nombre ficticio) trabajaba para la empresa Nayzan CTM desde julio de 2021, en calidad de conductor. Un trabajo que el hombre mantenía hasta febrero de 2024, cuando la compañía procedía a su despido «por causas objetivas». Eso sí, reconociéndole una indemnización de casi 3.800 euros conforme a su antigüedad.

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