La negociación que el Gobierno mantiene con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sobre un nuevo convenio marco de colaboración a nivel nacional para aumentar la presencia de las entidades en el tratamiento de las bajas laborales de carácter traumatológico tiene como elemento consustancial el alivio de unas arcas públicas cada vez más tensionadas por el aumento exponencial del coste de la cobertura de la incapacidad temporal. Una partida presupuestaria, que en el último lustro casi se ha duplicado, hasta alcanzar los 13.800 millones de euros previstos en la ejecución de las cuentas de 2023.

Sin embargo, desde el sector advierten de que el planteamiento inicial trasladado desde el gabinete dirigido por la ministra Elma Saiz podría quedarse corto en el objetivo principal de aliviar parte de la carga que soportan en este momento los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas propiciando al tiempo una reducción de los tiempos de tratamiento de las patologías.

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