El Estado tendrá que pagar los salarios de tramitación perdidos por una mujer que fue despedida estando embarazada por una empresa que luego cesó en su actividad. Es la principal consecuencia de una sentencia del Constitucional que estima discriminatorio el trato dado a la demandante, ya que después de que su despido fuera declarado nulo no pudo cobrar dichos salarios pendientes, a diferencia de otras compañeras suyas, que sí percibieron sus indemnizaciones porque su salida de la sociedad fue declarada improcedente.

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