El malestar de la patronal por el alza de costes empresariales que viene impulsado el Gobierno, en forma de subidas del salario mínimo, cotizaciones o impuestos, ha ido in crescendo en las últimas semanas y se convertía ayer en un clamor público.

Las señales son crecientes desde que los empresarios dijeran basta el pasado 16 de septiembre al negarse a firmar, junto a los sindicatos y el Gobierno, un nuevo acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional otro 1,6% hasta los 965 euros. El Ejecutivo socialista ya había contado con el respaldo empresarial –no sin contestación interna en la patronal CEOE-Cepyme– para los dos anteriores incrementos del salario mínimo. En 2019, se produjo un primer incremento del 22,3% de esa renta, que fue inédito por su magnitud, ya que pasó de golpe de 735,9 euros a 900 euros mensuales (en 14 pagas). Después vinieron otras dos subidas. En total, desde que gobierna Sánchez el salario mínimo ha subido 229 euros, un 31%. El impacto en las cuentas de las empresas de estas subidas no afectan exclusivamente a los trabajadores que cobran el salario mínimo, que no llegan al medio millón, sino que tienen un efecto empuje en las escalas salariales más bajas de los convenios que tienden a subir en siguientes negociaciones.

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