Con más de un año de retraso, y pese a las controversias entre los distintos partidos políticos, la comisión del Pacto de Toledo ultima sus recomendaciones para afianzar la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones. Sus señorías entregarán al Ministerio de Empleo un conjunto de ideas generales sin tocar aquellos aspectos que más separan a los grupos como la revalorización de las pensiones, la edad de jubilación y el factor de sostenibilidad. Todos los partidos están de acuerdo enmantener el modelo vigente de reparto con algunos cambios y sus recomendaciones serán orientaciones generales que el Gobierno plasmará después en medidas concretas.
La idea que maneja el Ejecutivo es contar con esas recomendaciones antes del verano para posteriormente negociar con empresarios y sindicatos las nuevas modificaciones. Si consigue el apoyo de los agentes sociales, el Gobiernotendrá más fácil lograr también los apoyos parlamentarios suficientes de modo que las primeras medidas puedan aprobarse antes de que acabe el año para que en 2019 pudieran comenzar a aplicarse.
A diferencia de las reformas llevadas a cabo en 2011 y 2013, cuando se abordaron cambios paramétricos del sistema, la idea ahora es aligerar de gastos la Seguridad Social, lo que permitiría subir en el futuro más de un 0,25% las pensiones, tal y como reclaman todos los grupos parlamentarios.
Como ya informó este periódico 2018 ha sido el quinto año en el que la nómina de los jubilados ha subidoel mínimo que marca la Ley para momentos de crisis del sistema como ocurre actualmente, lo que ha provocado que el pasado año perdieran poder adquisitivo. Esta es una de las principales críticas que en el Pacto de Toledo se realizan al Ejecutivo y al actual sistema de revalorización de pensiones que aprobó el Gobierno de Rajoy en su primera legislatura. Todos los grupos se han mostrado partidarios de buscar fórmulas alternativas al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), pero no han llegado a ningún acuerdo.
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