Tribunal Supremo ha confirmado la condena interpuesta por la Audiencia Provincial de Zaragoza al propietario de distintas empresas a través de la cuales cometió una serie de infracciones que constituyeron undelito continuado de fraude a la Seguridad Social. La pena que finalmente ha sido ratificada, es de tres años y seis meses de prisión y multa de 800.000 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.
El condenado como propietario, único o mayoritario de varias empresas y administrador de la mayoría de ellas, conocía las deudas existentes con la Seguridad Social y conscientemente dejó de abonarlas. Para elloorganizó una sucesión de empresas creando una confusión patrimonial y presentó a los órganos de la Seguridad Social documentos de cotización con ocultación y alteración de datos contables obstruyendo la labor de Inspección de dicho organismo.
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