A partir de este domingo será obligatorio que todas las empresas del país registren la jornada laboral de sus empleados, en cumplimiento de una nueva regulación que busca atajar la precariedad laboral y el elevado número de horas extras –2,6 millones de horas semanales, según la EPA– por las que los trabajadores ni cobran ni cotizan. No obstante, los sindicatos dudan de que su implementación pueda realmente llevarse a cabo, dada la poca de concreción de la norma y la falta de control interno en muchos centros de trabajo. En un tejido empresarial compuesto en su mayoría por microempresas sin representación ni control sindical, temen además que el cumplimiento efectivo por parte de los empresarios quede en papel mojado, por mucho que se enfrenten a multas de más de 6.000 euros si no cumplen con su obligación.
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