La Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó ayer la enmienda presupuestaria propuesta por el PNV para revalorizar las pensiones conforme al IPC este año y el próximo y retrasar la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. El problema de estas medidas es que, si bien es fácil sufragarlas durante algún ejercicio, las subidas de gastos se consolidan de cara a los derechos de los años posteriores, con lo que pueden suponer un sobrecoste de 157.000 millones de euros hasta 2045. Y esto puede agravar el desequilibrio de un sistema que ya tiene un déficit de 18.800 millones.

Por el momento, el Gobierno ha sorteado (al menos, sobre el papel), los efectos de la subida de las pensiones prevista para este año con la creación de un impuesto a las multinacionales tecnológicas y un ahorro millonario en los costes financieros que el Tesoro descubrió en cuestión de días tras el pacto entre el PP y el PNV. Sin embargo, estos cálculos no se sostienen de cara al futuro, ya que la revalorización de las pensiones proyectada para este año y el próximo se consolidará de cara al futuro, provocando que el sistema tenga un coste más elevado en el futuro.

A esto hay que sumar el muy probable acelerón de la inflación este año, por la subida de los precios del petróleo, y el retraso en la entrada del Factor de Sostenibilidad, que estaba planteado para 2019 y que ahora se pospone hasta 2023. Esto limitará mucho los ahorros proyectados para las nuevas pensiones. Por ello, los tres efectos, en conjunto, generarán un sobrecoste de 157.000 millones de euros a la Seguridad Social a lo largo de los próximos 25 años, de acuerdo con cálculos realizados en base a las proyecciones base que elabora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

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