El Defensor del Pueblo reconoce en una resolución que aquellos desempleados que se vean obligados a realizar una prestación de trabajos de colaboración social deberán dirigirse al organismo de forma individual para denunciar esta situación. Además, asegura en esta contestación que los tribunales serán los encargados de determinar si esta situación encubre una relación laboral.

Esta contestación llega después de que algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid obligaran a desempleados que estaban cobrando el paro fueran llamados para trabajos de colaboración social. La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) presentó un escrito al Defensor del Pueblo en la que denunciaba que esta práctica incurría en una relación laboral.