Obstaculizar la labor de una inspección de trabajo supone un comportamiento muy grave y puede acarrear importantes consecuencias para una empresa. Así lo ha podido constatar una gestora de una residencia de ancianos, que ha sido sancionada con 62.503 euros por obstruir y expulsar de sus instalaciones a una subinspectora de la Seguridad Social en plena inspección. Este comportamiento está calificado como una infracción muy grave en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

La sanción del Ministerio de Empleo ha sido ratificada por la Audiencia Nacional en una reciente sentencia, disponible en este enlace.

Según los hechos, la subinspectora intentó realizar su labor de inspección y tomar declaración a los trabajadores de las instalaciones. Sin embargo, no dejó de ser interrumpida por el gerente de la empresa, que fue requerido hasta en dos ocasiones para que dejase a los trabajadores responder libremente a las preguntas de la inspectora. 

La visita comenzó en la cocina del centro y continuó en la lavandería, donde se tomó declaración a ocho trabajadores. Cuando el gerente fue preguntado por el resto de los empleados (se supone que había más de 70), la subinspectora fue acompañada hacia el exterior del complejo. Una vez fuera, el gerente cerró la puerta y no le permitieron que volviera a entrar.  

Tras el suceso, la inspectora dio cuenta de lo sucedido a la Jefatura de Inspección Provincial de Trabajo, que descartó intentar continuar con la inspección acompañados de la policía, ya que ello podría generar inquietud o ansiedad a los ancianos residentes del centro.

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