La mayor queja de los contribuyentes hacia la Hacienda Pública tiene que ver con los retrasos en la tramitación de los procedimientos. El año pasado, 1.337 ciudadanos presentaron reclamaciones —que fueron admitidas a trámite— por este supuesto, cerca de un 20% del total de las quejas registradas por Hacienda. La mayoría de ellas (912) iban dirigidas a la Agencia Tributaria, seguida por la Dirección General del Catastro (343) y los Tribunales Económico-Administrativos (45), según la última Memoria del Consejo para la Defensa del Contribuyente, un organismo vinculado al Ministerio de Hacienda que atiende las quejas y sugerencias de los ciudadanos en materia fiscal. En su conjunto, los expedientes abiertos por Hacienda a raíz de demandas de los ciudadanos fueron 12.028 el año pasado, pero un tercio no pasó el filtro: solo se admitieron a trámite 7.787 expedientes, de los cuales la casi totalidad, 7.098, eran protestas. Es la cifra más baja desde 2005.

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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene pensado aprobar este miércoles el proyecto de ley en el que se incluye la controvertida deducción en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones de grandes contribuyentes procedentes del extranjero. La norma, conocida popularmente como ley Mbappé por coincidir con la llegada del astro francés al Real Madrid, prevé jugosas rebajas si se cumplen una serie de requisitos que tendrán impacto en los ingresos tributarios territoriales. Desde Madrid, no obstante, sostienen que permitirá “generar empleo y riqueza en la región”.

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El empleado que utilice para trabajar una casa pagada o cedida por su empresa tiene que declararla en el IRPF como una retribución en especie. Además, la valoración fiscal que la Agencia Tributaria realice sobre esa vivienda será independiente del uso que el trabajador haga de ella: para Hacienda, es indiferente que la use para teletrabajar o, simplemente, para residir o disfrutarla.

Así se desprende de una consulta vinculante resuelta por la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, adscrita a la Dirección General de Tributos (cuyo texto puede revisar aquí). El organismo aclara, mediante este trámite, qué sucede fiscalmente cuando un empleado presta servicios a distancia en un inmueble que, formando parte de su salario en especie, no pertenece a su empleador.

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La cuestión objeto de controversia es si, en un procedimiento de regularización en el que se aprecia la existencia de simulación y se imputan al contribuyente, persona física, como rendimientos del trabajo, los ingresos de una sociedad interpuesta de la que es socio mayoritario y administrador solidario, puede deducirse unas retenciones que no han sido practicadas por las sociedades pagadoras.

Los hechos que llevan a esta casación son los siguientes:

– La Inspección imputa al contribuyente, apreciando simulación, rendimientos del trabajo derivados de una sociedad interpuesta de la que es socio mayoritario y administrador.

– El contribuyente considera que deben deducirse las retenciones correspondientes a dichos rendimientos del trabajo, aunque no hayan sido practicadas por las entidades pagadoras.

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