Aunque la banca ha tenido cinco años para adaptar la actual normativa de prevención de blanqueo de capitales -aprobada en el 2010- y que exige a las entidades que disponga de la información acreditada de la procedencia de los ingresos de sus clientes antes del 28 de abril del 2015, lo cierto es que muchas entidades bancarias han esperado a último momento -en parte porque el decreto que desarrolla la ley se aprobó en mayo- para poner al día sus ficheros.

Leer la noticia completa – click aquí