La lucha contra el fraude fiscal y el afloramiento de la economía sumergida se han convertido en los principales objetivos del Ministerio de Hacienda desde que la crisis, y la herencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pusieron en el punto de mira la salud de las finanzas públicas. La reciente ley de lucha contra el fraude aprobada por el Ejecutivo puso en su radar los pagos y cobros en efectivo con la prohibición de los pagos en «cash» en cantidades superiores a 2.500 euros, 15.000 euros en el caso de que pagador sea un particular no residente en España.

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