Más conflictividad y más costes para las empresas son derivadas añadidas al castigo fiscal a las indemnizaciones por despido, una decisión del Ministerio de Hacienda que no ha estado exenta de polémica, ha revolucionado los grandes despachos laboralistas y puesto en pie de guerra a empresarios y sindicatos. Todos son partidarios de que el Gobierno de marcha atrás a una medida que plantea dudas legales.

Desde el 20 de junio, las indemnizaciones por despido improcedente deben tributar «para evitar los abusos» que se cometían con esta figura, según el ministro Cristóbal Montoro. Hasta hace unos días el ahorro fiscal para el trabajador se consideraba parte de su indemnización si se pactaba como improcedente. Con la reforma, la indemnización tendrá que declararse, si bien se suaviza el impacto con un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, el equivalente a un sueldo de 20.000 euros al año. Mínimo muy escaso para la mayor parte de los expertos en Derecho del Trabajo.

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