La carga estadística que soportan las empresas es cada vez mayor y deben emplear más tiempo en cumplimentar los cuestionarios que obligatoriamente deben responder al Instituto Nacional de Estadística (INE), un organismo dependiente del ministerio de Economía.
Todo esto les supone un alto coste adicional a la actividad en plena crisis, sobre todo a las pymes, que en muchos casos tienen dificultades en rellenar los formularios y han de acudir a gestores externos. Además, si no cumplen con esta obligación, pueden ser sancionados con multas que van desde los 60 euros, en el supuesto del envío de datos incompletos, hasta los 30.050 euros, por la resistencia a completar la información requerida o el suministro de datos falsos.
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